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El artículo 86, número 3 de la Constitución de la República contiene a una disposición inexorable para el juez o la jueza que conozca de un caso de garantías jurisdiccionales: “[…]La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas

La Corte Nacional de Justicia mediante Resolución No. 02-2026 emitió un nuevo precedente jurisprudencial respecto al siguiente punto de derecho: En caso de que la Administración Tributaria detecte discrepancias entre los ingresos declarados por los contribuyentes y los valores de sus cuentas bancarias, ¿puede calificar automáticamente estos valores como ingresos gravados con impuesto a la renta?

Cuando una compañía se encuentra en funcionamiento, ya no es la misma que al momento de su constitución. Ha acumulado activos, experiencia, posicionamiento y valor económico.

Para muchas empresas en crecimiento, ese mensaje marca un antes y un después. Una posible adquisición, una fusión estratégica o la entrada de un inversionista no es solo una transacción: es una decisión que puede potenciar el negocio o comprometerlo a largo plazo; y no debe ser tomado a la ligera.

El Registro de Beneficiarios Finales y de Composición Societaria fue creado para promover la transparencia y fortalecer el control tributario

El Consejo Nacional de Salud (CONASA), a través de su Dirección Ejecutiva, ha oficializado la Resolución Nro. CONASA-DE-2020-0020-R, cuya publicación se efectuó en el Registro Oficial N° 576 el 11 de junio de 2024.

El artículo 86, número 3 de la Constitución de la República contiene a una disposición inexorable para el juez o la jueza que conozca de un caso de garantías jurisdiccionales: “[…]La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas

Cuando una compañía se encuentra en funcionamiento, ya no es la misma que al momento de su constitución. Ha acumulado activos, experiencia, posicionamiento y valor económico.

Durante el mes de enero de 2026, el Servicio de Rentas Internas (SRI), en ejercicio de sus facultades legales, emitió las Resoluciones NAC-DGERCGC26-00000001 y NAC-DGERCGC26-00000002, mediante las cuales se introducen cambios relevantes en el cumplimiento de deberes formales de determinados contribuyentes, así como medidas excepcionales de ampliación de plazos para la presentación de declaraciones y anexos tributarios.

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) expidió la Resolución Nro. ACESS-ACESS-2025-0047-R, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 198 con fecha 7 de enero de 2026.

El Impuesto a la Renta (IR) para personas naturales y de herencias, legados, donaciones y hallazgos se declara de conformidad con las bases exentas y gravadas establecidas por la administración tributaria.

El Registro de Beneficiarios Finales (REBEFICS) fue creado mediante la Resolución N.º NAC-DGERCGC22-00000046 con la finalidad de generar transparencia y fortalecimiento del control tributario. Mediante este anexo los contribuyentes detallan a los beneficiarios finales y a los integrantes de su cadena de titularidad al SRI.

El registro de cargas familiares de las personas naturales obligadas a declarar y pagar el impuesto a la renta permite al contribuyente a acceder a una rebaja para su declaración del impuesto a la renta. Por ello, para el ejercicio fiscal 2025 se encuentra habilitado el sistema del SRI para proceder con este registro.

El SRI mediante Resolución N.º NAC-DGERCGC24-00000002 del 10 de enero de 2024 aprobó el Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de Dependencia (RDEP). Los contribuyentes en calidad de empleadores, por los pagos que realicen a sus trabajadores, tienen la obligación de presentar este anexo.

La Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) mediante Resolución No. SPDP-SPD-2025-0028-R de fecha 30 de julio de 2025 emitió el Reglamento del Delegado de Protección de Datos Personales (DPO).

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha detectado que miles de contribuyentes presentaron declaraciones tardías de IVA registrando ingresos ficticios de centavos de dólar, a pesar de no tener actividad económica real. Esta práctica se utilizó con la aparente intención de evadir multas.

El pasado 19 de agosto de 2025, el Ministerio de Salud Pública (MSP), mediante el Acuerdo Ministerial No. 00001-2025, aprobó y autorizó la publicación de la nueva “Norma Técnica del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE)”. Este cuerpo normativo, publicado en el Registro Oficial el 21 de agosto de 2025 , representa una actualización integral del marco que rige la vigilancia de la salud pública en Ecuador, derogando expresamente la normativa anterior del año 2013

La Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) ha emitido el nuevo Reglamento para el Nombramiento y Ejercicio de los Delegados de Protección de Datos Personales (DPD). Esta normativa establece un marco jurídico crucial para todas las entidades que manejan datos personales en Ecuador, siendo de especial relevancia para el sector de la salud y de seguros debido a la naturaleza sensible de la información que procesan.

El órgano legislativo ha expedido algunas leyes que han sido objeto de la presentación de acciones de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional, dentro de sus facultades, es la encargada de resolver este tipo de acciones y el 4 de agosto de 2025 admitió a trámite varios casos (51-25-IN y acumulados) en contra de la ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), Ley Orgánica de Solidaridad Nacional (LODES) y la Ley Orgánica de Inteligencia (LOI) junto con su Reglamento.

La reciente publicación del informe emitido por la Superintendencia de Competencia Económica sobre el mercado de seguros médicos y planes de medicina prepagada ha generado un debate en torno a la movilidad y portabilidad de usuarios. El documento plantea que facilitar el cambio entre prestadores fomentaría la competencia y beneficiaría al consumidor. Sin embargo, la aplicación de estas medidas sin un análisis técnico profundo puede generar distorsiones estructurales.