Litigio y Solución de controversias

El 25 de septiembre de 2026, la Procuraduría General del Estado (PGE) comunicó que un árbitro de emergencia se declaró incompetente para conocer las medidas cautelares solicitadas por una contratista contra una entidad pública[1]. La contratista buscaba, entre otras cosas, suspender los efectos de la terminación unilateral del contrato, salir del registro de incumplidos y frenar la ejecución de garantías. La PGE sostuvo que no se había solicitado ni emitido su pronunciamiento

Muchos acreedores asumen que obtener una sentencia favorable, un laudo arbitral o un título ejecutivo es el paso final para recuperar su dinero. Sin embargo, la realidad procesal es otra: una sentencia por sí sola no genera liquidez. La verdadera prueba de éxito para cualquier litigante no radica en la firma del juzgador, sino en la Fase de Ejecución, el momento clave donde el derecho reconocido en papel debe transformarse en el cobro efectivo o la restitución real de los act

En la práctica judicial, una de las principales causas de retraso en la tramitación de las demandas es la dificultad para individualizar correctamente el lugar de citación del demandado, en numerosos casos obtener una dirección completa y precisa resulta especialmente complejo.

Cuando un juez dicta una sentencia, no todo lo que escribe tiene el mismo peso. Dentro de cualquier fallo existen dos tipos de argumentos: la ratio decidendi y los obiter dicta.

En la actualidad, gran parte de las relaciones personales, comerciales y laborales se desarrollan mediante medios digitales. Correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, mensajes de texto, archivos electrónicos y documentos con firma electrónica se han convertido en elementos frecuentes dentro de los procesos judiciales en Ecuador.

El artículo 86, número 3 de la Constitución de la República contiene a una disposición inexorable para el juez o la jueza que conozca de un caso de garantías jurisdiccionales: “[…]La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas

El artículo 86, número 3 de la Constitución de la República contiene a una disposición inexorable para el juez o la jueza que conozca de un caso de garantías jurisdiccionales: “[…]La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas

El artículo 86, número 3 de la Constitución de la República contiene a una disposición inexorable para el juez o la jueza que conozca de un caso de garantías jurisdiccionales: “[…]La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas