Derecho al olvido oncológico: un hito en el derecho de seguros

El derecho al olvido oncológico representa uno de los cambios más importantes que ha experimentado el derecho de seguros en los últimos años.

Durante décadas, miles de personas que habían superado un cáncer continuaron enfrentando barreras para acceder a seguros de salud, seguros de vida o productos financieros. Paradójicamente, habían vencido la enfermedad, pero seguían siendo tratados jurídicamente como si nunca la hubieran superado.

Ese paradigma está cambiando.

La Unión Europea impulsó este debate a partir del Europe's Beating Cancer Plan, promoviendo la eliminación de la discriminación hacia los supervivientes de cáncer. Francia fue pionera al reconocer este derecho, seguida por Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Chile y, especialmente, España, que incorporó el derecho al olvido oncológico mediante el Real Decreto-ley 5/2023. En términos generales, estas normas establecen que, transcurrido un determinado período desde la finalización del tratamiento con intención curativa y sin recaídas, las aseguradoras no pueden exigir la declaración del antecedente oncológico ni utilizarlo para denegar la contratación, imponer exclusiones o incrementar primas.

¿Y qué ocurre en Ecuador?

Con la expedición de la Ley Orgánica para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control del Cáncer en 2026, Ecuador se incorporó al reducido grupo de países que han reconocido expresamente el derecho al olvido oncológico.

La ley dispone que el Reglamento establecerá las condiciones para su aplicación y ordena a los organismos de control del sistema financiero y del sector asegurador expedir la normativa necesaria para que las aseguradoras adecuen sus contratos, condiciones generales y procedimientos internos, garantizando este derecho dentro del plazo previsto por la propia ley.

Sin embargo, el verdadero desafío apenas comienza.

La experiencia comparada demuestra que el éxito de esta figura depende de una adecuada reglamentación. Aspectos como:

• el plazo de supervivencia libre de enfermedad;

• la definición de "tratamiento con intención curativa";

• las recaídas;

• las secuelas permanentes;

• el alcance frente a seguros de salud, vida, asistencia médica y medicina prepagada;

• el tratamiento de la información médica y la protección de datos personales;

• y el equilibrio actuarial del mercado asegurador,

requieren reglas claras que otorguen seguridad jurídica tanto a los pacientes como a las aseguradoras.

El derecho al olvido oncológico no debe entenderse como una eliminación del análisis técnico del riesgo. Tampoco implica desconocer principios fundamentales del contrato de seguro, como la buena fe o la valoración actuarial. Su finalidad es impedir que un antecedente oncológico, cuando médicamente ya no constituye un factor relevante de riesgo según los parámetros establecidos por la ley, continúe produciendo una discriminación indefinida.

El reto regulatorio consiste precisamente en encontrar ese equilibrio: proteger el derecho a la no discriminación de quienes han superado un cáncer, sin afectar la sostenibilidad técnica y financiera del sistema asegurador.

En Ecuador tenemos hoy una oportunidad excepcional para construir una regulación moderna, basada en evidencia científica, experiencia internacional y seguridad jurídica.

El debate apenas comienza, y será determinante para el futuro del mercado de seguros de salud y de la protección de los pacientes oncológicos.